El precio del silencio
Tras la retirada del manuscrito, se adoptan medidas destinadas a cerrar definitivamente el caso dentro del monasterio. Se emiten órdenes estrictas para que ningún miembro de la comunidad hable de los acontecimientos ocurridos. Las versiones oficiales reducen los hechos a una serie de faltas disciplinarias internas, sin mencionar asesinatos ni manuscritos prohibidos.
Algunos monjes son trasladados a otros monasterios de manera discreta. Estos traslados se justifican como decisiones administrativas, aunque en realidad buscan dispersar a quienes conocen demasiados detalles. Otros miembros quedan bajo vigilancia permanente o reciben sanciones que limitan su contacto con el exterior.
Se registran muertes posteriores atribuidas a enfermedades o causas naturales, sin que se investiguen en profundidad. Estas pérdidas refuerzan la sensación de que el silencio tiene un costo elevado y que cualquier desviación de la versión oficial puede tener consecuencias graves.
El investigador recibe instrucciones de cerrar su intervención. Sus informes finales son archivados con acceso restringido y se le prohíbe divulgar información adicional. Su papel en los hechos queda reducido a una actuación administrativa sin relevancia pública.
El capítulo concluye mostrando cómo el silencio impuesto garantiza una apariencia de normalidad, pero deja una comunidad marcada por el miedo, las pérdidas y la conciencia de que la verdad ha sido sacrificada para preservar el orden institucional.